Elecciones dominicanas 2016: La omnipresencia
de la reelección

Por: Johnatan Liriano 

Si una palabra puede definir la campaña política para las elecciones presidenciales, al Congreso y municipales celebradas en República Dominicana ese domingo 15 de mayo es inequidad. La diferencia a veces abismal entre los recursos y oportunidades de los partidos en competencia aparece señalada en los reportes de los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unidad de Naciones del Sur (UNASUR); lo denuncian los siete partidos de oposición; y lo comprueba con detalles la organización de la sociedad civil Participación Ciudadana. A la jornada de votación estaban convocados 6’765.073 ciudadanos y ciudadanas y 26 partidos políticos de alcance nacional, con el objetivo de escoger entre 24.470 candidaturas a los representantes que ocuparían los 4.106 cargos públicos disponibles.

De entrada, el presidente Danilo Medina, candidato reeleccionista, encabezó la distribución del financiamiento público de ley desde la alianza del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y otras catorce fuerzas reconocidas.  Este bloque recibió más del 60% de los fondos destinados por el Estado para la campaña. Luis Abinader, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su bloque de cuatro aliados recibieron cerca del 30% de los fondos. Y el restante se distribuyó entre otros seis partidos de oposición: Alianza País, Alianza por la Democracia (APD), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Partido de Unidad Nacional (PUN), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y Fuerza Nacional Progresista (FNP). El financiamiento privado corrió por cuenta propia de cada agrupación y es difícil o imposible de calcular los montos alcanzados porque en el país no existen mecanismos efectivos de transparencia o fiscalización.  En este aspecto rigió la ley de la selva. En este escenario definido por las características del marco jurídico local, la expresión más visible de la inequidad se registró en el acceso de las candidaturas a los medios de comunicación públicos y privados y a los espacios de publicidad exterior. 
En los dos últimos meses de una campaña poco regulada cualquier persona sintonizaba la televisión local y ahí estaba. Cambiaba de un canal a otro, y de nuevo. En las pausas de los principales programas de radio volvía a salir. En las redes sociales, también. Y si intentaba dar con un contenido infantil en la plataforma de youtube.com seguía la cobertura casi total de la propaganda del presidente y candidato a la reelección Danilo Medina o de alguno de sus aliados. Los mensajes opositores eran destellos repentinos dentro de una gran bruma oficialista. 

Según el tercer informe de observación electoral de Participación Ciudadana, solo en febrero el gobernante PLD colocó el 79.93% de toda la publicidad de radio, prensa y televisión a nivel nacional, y con la sumatoria de sus partidos aliados su cobertura alcanzó el 81.52%. El costo de este mes de presencia mediática se calcula en 369’603.527 pesos, equivalente a 128 veces lo gastado en el mismo período por las seis fuerzas minoritarias de oposición. Los datos de PC revelan que la agrupación con mayor nivel de competitividad frente al partido de gobierno fue el Partido Revolucionario Moderno, al colocar junto a sus aliados el 17.83% de las promociones en medios masivos tradicionales. De esta forma dos de los ocho proyectos políticos con candidaturas presidenciales cubrían el 99.35% de todas las promociones que llegaban a la población votante en el mes de febrero. 

A estas estadísticas levantadas por la empresa privada Publimotor (tomando en cuenta los principales canales de televisión, periódicos impresos y emisoras de radio del país) se debe agregar la presencia publicitaria del Gobierno, que en tiempos de campaña para su reelección figura como el principal anunciante del país, por encima de cualquier actor del sector financiero, las telecomunicaciones, el comercio, los inmuebles u otros ámbitos del mercado. Los levantamientos indican que en los dos primeros meses del año electoral, el gasto de publicidad y propaganda del Gobierno Central creció más de un 100% con respecto al mismo período del 2015, pasando de 5’440.000 pesos diarios a 14’000.000. “Nunca se había visto tanta inequidad e iniquidad en una campaña electoral. Es conveniente resaltar que lo que sucede aquí no se debe denominar competencia electoral, que es lo que  debería  ser  en una  democracia”, afirma el sociólogo y analista político Cándido Mercedes, y pasa a definir la  competencia  como  la igualdad  de oportunidades en los  territorios y públicos: “Por ejemplo: En Chile, el presidente Piñera que es rico, millonario, si  compite conmigo, tiene cinco minutos  de publicidad en los medios y yo  también. Él tiene cinco vallas y yo también. Eso es lo que es competencia”.

Mercedes, al igual que los observadores internacionales e incluso el mismo oficialismo, ve el origen de las grandes desigualdades de la competencia electoral dominicana en el marco jurídico vigente, cuya reforma se encuentra estancada en el Congreso Nacional hace más de doce años. Pero también asigna responsabilidad a la actitud pasiva de la Junta Central Electoral, órgano con facultades constitucionales para reglamentar la campaña. “La Constitución de la República, en sus artículos 211 y 212, faculta a la Junta para que las elecciones sean libres, transparentes, competitivas, con equidad y con igual acceso a los medios de comunicación. La Junta no jugó ese papel, que era el nodal, fundamental, para la sociedad. Se ha puesto a hacernos creer que su capacidad es solo administrativa-gerencial. Pero ahí, al nivel de esta facultad que la Constitución le otorga, ha sido un desastre real”, insiste el sociólogo.

Críticas como la de Mercedes se multiplicaron en la opinión pública (especialmente en el mundo libre de las redes sociales) a partir de los informes de observación de Participación Ciudadana. Pero solo generaron reacciones tardías y poco significativas del órgano electoral: el 21 de marzo el gobierno del presidente Danilo Medina dispone suspender la propaganda gubernamental contratada y evitar nuevas contrataciones hasta pasadas las votaciones, mientras que el 15 de abril (a treinta días de las votaciones) el pleno de la Junta Central Electoral emitió una regulación para distribuir la asignación de espacios de promoción en los medios bajo el control del Estado (0.5% del total nacional, y con baja incidencia en las audiencias).

La medida unilateral del Poder Ejecutivo produjo una reducción en el mismo mes de marzo de 25% en sus gastos de propaganda proselitista, mientras que la resolución de la JCE sobre acceso a medios del Estado terminó favoreciendo al partido oficialista que ya venía haciendo un uso exclusivo de las frecuencias estatales. Para garantizar la participación equitativa de los partidos políticos en los medios del sector privado durante las últimas 48 horas de la campaña, cuando se realizan los cierres de propaganda y los discursos finales al electorado, el órgano electoral prohibió que ningún partido ocupara el 100% de las frecuencias nacionales de radio y televisión durante este período. De esta forma, la misma normativa de la Junta Central Electoral dejó abierta la posibilidad de que el partido en el gobierno o cualquier otro rentara en el tramo final de la campaña hasta el 99% de las frecuencias, como ocurrió en algunas provincias según los partidos Alianza País y Alianza por la Democracia.

Al respecto, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, encabezada por el expresidente colombiano Andrés Pastrana, hizo las siguientes afirmaciones en su informe preliminar: “La Misión pudo observar también altos niveles de inequidad en el acceso a los medios de comunicación por parte de los partidos políticos en contienda. (…) La legislación no regula el acceso a medios privados ni establece un límite de contratación. Esta situación pone en posición de desventaja a los partidos más pequeños que reciben menos financiamiento público directo y tienen menor capacidad de captar recursos privados. La MOE (Misión de Observación Electoral) recibió quejas de distintas fuerzas políticas que aseguraron no haber podido conseguir espacios al haber sido ya adquiridos por los partidos con mayores recursos”.