Después de una campaña por el poder profundamente desigual, marcada por la denuncia permanente del uso de los recursos del Estado en favor de los candidatos y candidatas del oficialismo, y por una actitud pasiva del árbitro electoral frente a las inequidades del sistema que podían superarse aplicando la capacidad reguladora de la Junta Central Electoral, República Dominicana llegó al día de las elecciones, al 15 de mayo.

Participación Ciudadana, en su informe final de observación electoral, registra que ese día todos los proyectos políticos recibieron una correcta cobertura de sus propuestas y sus liderazgos. Así lo confirmaba un recorrido por los principales canales de televisión, donde se instalaron equipos humanos y técnicos para dar seguimiento a todos los partidos desde la primera hora del día hasta el cierre de la jornada de votación. Las declaraciones de los candidatos y los representantes de partido durante el transcurso del proceso pronosticaban normalidad y una “fiesta de la democracia”. Pero el balance va por ocho muertos a consecuencia de conflictos violentos en los alrededores de los centros de votación; cientos de impugnaciones de resultados al nivel congresual y municipal; militares desplegados en dos regiones; y un presidente reelecto con más del 60% de los votos válidos. Para remate, la mañana del 19 de mayo, en medio de un ambiente de tensión descrito en las redes sociales y los canales de televisión, cinco de los principales diarios del país obviaron en sus portadas las protestas generadas tras las votaciones, y prefirieron destacar declaraciones de personalidades o fotos de protestas, pero de… Venezuela.

Hasta el momento, ninguno de los candidatos presidenciales opositores ha reconocido como legítimo el triunfo del oficialismo, al que acusan, entre otras cosas, de utilizar los fondos públicos para hacer una campaña aplastante. Pelegrín Castillo (Fuerza Nacional Progresista), Minou Tavárez Mirabal (Alianza por la Democracia), Guillermo Moreno (Alianza País), y Luis Abinader (Partido Revolucionario Moderno) entienden que el desarrollo de las elecciones fue fraudulento, incluida la participación en los medios informativos.

En su informe final la misión de observadores de la OEA no llega a una afirmación tan severa, pero recomienda una reforma del sistema electoral dominicano y de la regulación del acceso de los diferentes proyectos y candidatos al financiamiento público y a los medios de comunicación.   “La Misión considera necesario establecer un marco jurídico de regulación que establezca el acceso equitativo a los medios de comunicación públicos y privados, y que garantice el derecho a la información entendido tanto como el derecho de los partidos y candidatos a difundir sus propuestas y al derecho de la ciudadanía a estar bien informada”.

Esta recomendación del organismo internacional también está contenida en el informe de observación de las elecciones presidenciales del 2012. Y en los informes de otros observadores como Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia, y en editoriales de varios medios de prestigio. Pero al igual que ayer se necesita de una voluntad real de la clase política para aprobar, luego de un amplio consenso social, las reformas legales que garanticen una participación electoral en igualdad de condiciones en todos los escenarios de competencia, y especialmente en los medios de comunicación (públicos y privados), en la publicidad externa, y en las nuevas redes sociales. Porque de eso se trata la democracia, de una elección ciudadana de propuestas e ideas que circulen en libertad, sin los privilegios que pueda comprar el dinero o cooptar el poder.