La estructura económica, política e ideológica de los medios de comunicación en Chile es altamente concentrada, con muy escasos espacios de apertura en los diferentes sectores, y con una Ley de Medios que no significará una diferencia relevante en este sentido.

Como se plantea en los diferentes estudios, esta desigual distribución del control de la propiedad y los contenidos (1) atenta contra la democracia: “El alto grado de concentración de la propiedad de los medios, en manos de las élites económicas y políticas, han clausurado hasta ahora las opciones de un desarrollo más democrático. La concentración de la riqueza en muy pocas manos marca que éste, desgraciadamente, no es sólo un problema del sector audiovisual” (Mastrini y Becerra, 2001: 206); también (b) entraña una hegemonía ideológica: “La peculiaridad del caso chileno es que estos procesos económicos [de concentración] van acompañados de un marcado ‘monopolio ideológico’ [y] la presencia de grupos extranjeros que se mueven en la lógica de la ‘industria de la entretención’, van copando los espacios comunicativos y relegando a los márgenes la diversidad cultural y política” (Sunkel y Geoffroy, 2001: 114-115); y (c) da cuenta de un problema más general en el país, del cual los medios son sólo una expresión más: “La propiedad del país Chile está compartida entre pocos nacionales y algunos extranjeros [donde] el 10% más pobre accede sólo al 1,3% del ingreso, mientras el 10% más rico logra el 45,6% [y] el 20% chileno más rico posee el 61% del ingreso, contra el 3,3% del más pobre”  (Carmona, 2002: 65 y 239).

En las últimas décadas, el Estado cambia profundamente su rol, de manera que “Pasa desde la diversidad y el pluralismo de los actores histórico-sociales y económico-políticos hacia la hipersegmentación de las audiencias para el consumo. La discusión está mediada claramente por un nuevo actor: el mercado de la publicidad [y] pasa desde un estado-nación garante de dicha diversidad y pluralismo hacia un estado-nación regulador del ‘libre flujo de mercancías’, cuyo discurso operativo ha sido, y sigue siendo, ‘la libertad de información’. De hecho, fue el propio estado nacional el cual, mediante diferentes formas de intervencionismo (político, económico, etc.), sentó las bases para el actual sistema duopólico y oligopólico de la prensa diaria.” (Del Valle et al. 2011: 47).

En efecto, en Chile tenemos cinco grandes conglomerados que concentran la propiedad de los medios de comunicación del país, incluyendo los diferentes soportes y otras empresas relacionadas:

1. Grupo Luksic, quien controla el Canal 13 de televisión, uno de los dos más importantes del país; además, es propietario de empresas mineras (Grupo Antofagasta Minerals), de la banca (Banco de Chile) y grandes compañías (CCU).
2. Grupo Time Warner, el cual controla el canal de televisión Chilevisión y varios otros canales transnacionales con presencia en Chile, como CNN, HBO, MGM, CINEMAX, entre otros.
3. Grupo Bethia, quien controla el canal de televisión MEGA, además de la línea aérea LAN Chile y la empresa del retail Falabella, entre otras.
4. Grupo Edwards, el cual controla el principal periódico del país, El Mercurio y su amplia red de cerca de 20 diarios regionales; además de otros tres diarios de circulación nacional, Las Últimas Noticias, La Segunda y Emol.
5. Grupo COPESA, quien controla otra de las dos cadenas periodísticas del país, lideradas por La Tercera y que incluye La Cuarta, entre otros periódicos, y varias radios.  

Una mención aparte requiere el canal de televisión TVN y el diario La Nación. En ambos casos se trata de medios de comunicación “estatales”, pero que en un contexto económico-político postneoliberal como el chileno se transforman en “extraños casos” donde la adscripción “estatal” no implica un financiamiento del estado, sino más bien una lógica de autofinanciamiento, lo cual deja al canal y el periódico en igualdad de condiciones con el resto de los medios de comunicación, esto es, luchando minuto a minuto por el rating que le permitirá acceder al mercado de la publicidad. Dicho sea de paso, hasta ahora es la misma situación de las Universidades Estatales en Chile.

Para ejemplificar mejor esta relación del estado con sus medios, que en verdad no lo son,  podríamos considerar un estudio de FUCATEL (2006), que incluye los años 2004 y 2005, el cual establece “que un 82% de la inversión publicitaria oficial se concentra en prensa y televisión, aunque el 72% de los ministerios invierte en televisión; el 52% de las empresas estatales y el 55% de las empresas públicas invierten en TVN. Y en el caso de la prensa, el 77% de las empresas estatales invierte en los conglomerados de El Mercurio y La Tercera, en tanto los ministerios invierten un 83% en ambos conglomerados.” (Del Valle et al, 2011). Una consecuencia de lo anterior es que el “periódico estatal” La Nación ha pasado por un elocuente proceso de desnacionalización -en un país donde casi todo está desestatizado-, el cual terminó abruptamente durante el gobierno de derecha de Sebastián Piñera (alguien que sabe del negocio de los medios, pues había sido dueño del canal de televisión Chilevisión antes de asumir la presidencia) con su cierre definitivo, despido masivo de periodistas y liquidación de todos sus bienes, luego de 95 años de vida; dejando al periódico actualmente sólo como un diario electrónico, responsabilidad de la empresa Comunicaciones LANET S.A.