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MEDIOS Y ELECCIONES EN AMÉRICA LATINA 2013 - 2015

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República Dominicana 15 Elecciones dominicanas 2016: La omnipresencia de la reelección image_header 2017-05-26T09:15:05-07:00
Las elecciones en República Dominicana se pueden definir con una sola palabra: Inequidad. No sólo porque el candidato-presidente Danilo Medina pudo utilizar más recursos para acceder a mayores espacios publicitarios, sino porque en este país hay poca regulación sobre los tiempos que puede utilizar cada uno de los candidatos para hacer campaña. No existe un límite de contratación y cualquiera puede comprar los espacios publicitarios que sienta necesarios, lo que hace que aquellos que tienen una posición privilegiada pueden llegar a más gente, poniendo en desventaja a los partidos más pequeños. A esto se suman las relaciones económicas entre algunos medios de comunicación y el gobierno, que al final benefician y en este caso beneficiaron, al partido oficialista.
Contenido
Por: Johnatan Liriano

Si una palabra puede definir la campaña política para las elecciones presidenciales, al Congreso y municipales celebradas en República Dominicana ese domingo 15 de mayo es inequidad. La diferencia a veces abismal entre los recursos y oportunidades de los partidos en competencia aparece señalada en los reportes de los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unidad de Naciones del Sur (UNASUR); lo denuncian los siete partidos de oposición; y lo comprueba con detalles la organización de la sociedad civil Participación Ciudadana. A la jornada de votación estaban convocados 6’765.073 ciudadanos y ciudadanas y 26 partidos políticos de alcance nacional, con el objetivo de escoger entre 24.470 candidaturas a los representantes que ocuparían los 4.106 cargos públicos disponibles.
De entrada, el presidente Danilo Medina, candidato reeleccionista, encabezó la distribución del financiamiento público de ley desde la alianza del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y otras catorce fuerzas reconocidas. Este bloque recibió más del 60% de los fondos destinados por el Estado para la campaña. Luis Abinader, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su bloque de cuatro aliados recibieron cerca del 30% de los fondos. Y el restante se distribuyó entre otros seis partidos de oposición: Alianza País, Alianza por la Democracia (APD), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Partido de Unidad Nacional (PUN), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y Fuerza Nacional Progresista (FNP). El financiamiento privado corrió por cuenta propia de cada agrupación y es difícil o imposible de calcular los montos alcanzados porque en el país no existen mecanismos efectivos de transparencia o fiscalización. En este aspecto rigió la ley de la selva. En este escenario definido por las características del marco jurídico local, la expresión más visible de la inequidad se registró en el acceso de las candidaturas a los medios de comunicación públicos y privados y a los espacios de publicidad exterior.
En los dos últimos meses de una campaña poco regulada cualquier persona sintonizaba la televisión local y ahí estaba. Cambiaba de un canal a otro, y de nuevo. En las pausas de los principales programas de radio volvía a salir. En las redes sociales, también. Y si intentaba dar con un contenido infantil en la plataforma de youtube.com seguía la cobertura casi total de la propaganda del presidente y candidato a la reelección Danilo Medina o de alguno de sus aliados. Los mensajes opositores eran destellos repentinos dentro de una gran bruma oficialista.
Según el tercer informe de observación electoral de Participación Ciudadana, solo en febrero el gobernante PLD colocó el 79.93% de toda la publicidad de radio, prensa y televisión a nivel nacional, y con la sumatoria de sus partidos aliados su cobertura alcanzó el 81.52%. El costo de este mes de presencia mediática se calcula en 369’603.527 pesos, equivalente a 128 veces lo gastado en el mismo período por las seis fuerzas minoritarias de oposición. Los datos de PC revelan que la agrupación con mayor nivel de competitividad frente al partido de gobierno fue el Partido Revolucionario Moderno, al colocar junto a sus aliados el 17.83% de las promociones en medios masivos tradicionales. De esta forma dos de los ocho proyectos políticos con candidaturas presidenciales cubrían el 99.35% de todas las promociones que llegaban a la población votante en el mes de febrero.
A estas estadísticas levantadas por la empresa privada Publimotor (tomando en cuenta los principales canales de televisión, periódicos impresos y emisoras de radio del país) se debe agregar la presencia publicitaria del Gobierno, que en tiempos de campaña para su reelección figura como el principal anunciante del país, por encima de cualquier actor del sector financiero, las telecomunicaciones, el comercio, los inmuebles u otros ámbitos del mercado. Los levantamientos indican que en los dos primeros meses del año electoral, el gasto de publicidad y propaganda del Gobierno Central creció más de un 100% con respecto al mismo período del 2015, pasando de 5’440.000 pesos diarios a 14’000.000. “Nunca se había visto tanta inequidad e iniquidad en una campaña electoral. Es conveniente resaltar que lo que sucede aquí no se debe denominar competencia electoral, que es lo que debería ser en una democracia”, afirma el sociólogo y analista político Cándido Mercedes, y pasa a definir la competencia como la igualdad de oportunidades en los territorios y públicos: “Por ejemplo: En Chile, el presidente Piñera que es rico, millonario, si compite conmigo, tiene cinco minutos de publicidad en los medios y yo también. Él tiene cinco vallas y yo también. Eso es lo que es competencia”.
Los levantamientos indican que en los dos primeros meses del año electoral, el gasto de publicidad y propaganda del Gobierno Central creció más de un 100% con respecto al mismo período del 2015, pasando de 5’440.000 pesos diarios a 14’000.000.
Mercedes, al igual que los observadores internacionales e incluso el mismo oficialismo, ve el origen de las grandes desigualdades de la competencia electoral dominicana en el marco jurídico vigente, cuya reforma se encuentra estancada en el Congreso Nacional hace más de doce años. Pero también asigna responsabilidad a la actitud pasiva de la Junta Central Electoral, órgano con facultades constitucionales para reglamentar la campaña. “La Constitución de la República, en sus artículos 211 y 212, faculta a la Junta para que las elecciones sean libres, transparentes, competitivas, con equidad y con igual acceso a los medios de comunicación. La Junta no jugó ese papel, que era el nodal, fundamental, para la sociedad. Se ha puesto a hacernos creer que su capacidad es solo administrativa-gerencial. Pero ahí, al nivel de esta facultad que la Constitución le otorga, ha sido un desastre real”, insiste el sociólogo.
Críticas como la de Mercedes se multiplicaron en la opinión pública (especialmente en el mundo libre de las redes sociales) a partir de los informes de observación de Participación Ciudadana. Pero solo generaron reacciones tardías y poco significativas del órgano electoral: el 21 de marzo el gobierno del presidente Danilo Medina dispone suspender la propaganda gubernamental contratada y evitar nuevas contrataciones hasta pasadas las votaciones, mientras que el 15 de abril (a treinta días de las votaciones) el pleno de la Junta Central Electoral emitió una regulación para distribuir la asignación de espacios de promoción en los medios bajo el control del Estado (0.5% del total nacional, y con baja incidencia en las audiencias).
La medida unilateral del Poder Ejecutivo produjo una reducción en el mismo mes de marzo de 25% en sus gastos de propaganda proselitista, mientras que la resolución de la JCE sobre acceso a medios del Estado terminó favoreciendo al partido oficialista que ya venía haciendo un uso exclusivo de las frecuencias estatales. Para garantizar la participación equitativa de los partidos políticos en los medios del sector privado durante las últimas 48 horas de la campaña, cuando se realizan los cierres de propaganda y los discursos finales al electorado, el órgano electoral prohibió que ningún partido ocupara el 100% de las frecuencias nacionales de radio y televisión durante este período. De esta forma, la misma normativa de la Junta Central Electoral dejó abierta la posibilidad de que el partido en el gobierno o cualquier otro rentara en el tramo final de la campaña hasta el 99% de las frecuencias, como ocurrió en algunas provincias según los partidos Alianza País y Alianza por la Democracia.
Al respecto, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, encabezada por el expresidente colombiano Andrés Pastrana, hizo las siguientes afirmaciones en su informe preliminar: “La Misión pudo observar también altos niveles de inequidad en el acceso a los medios de comunicación por parte de los partidos políticos en contienda. (…) La legislación no regula el acceso a medios privados ni establece un límite de contratación. Esta situación pone en posición de desventaja a los partidos más pequeños que reciben menos financiamiento público directo y tienen menor capacidad de captar recursos privados. La MOE (Misión de Observación Electoral) recibió quejas de distintas fuerzas políticas que aseguraron no haber podido conseguir espacios al haber sido ya adquiridos por los partidos con mayores recursos”.
La cobertura periodística

La cobertura periodística de la campaña electoral y del proceso de votaciones del 15 de mayo se da en un marco de concentración de medios que limita la pluralidad de las líneas editoriales. Según los datos preliminares de un levantamiento realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 98% de los medios electrónicos dominicanos están bajo el control privado, frente a un 2% restante distribuido entre el Estado y las iglesias.
En el sector privado los medios informativos más importantes están concentrados en pocas manos. Y el ejemplo más notable es el del empresario José Luis (Pepín) Corripio Estrada, quien posee dos canales de televisión con el 48% de la audiencia de noticias en todo el territorio nacional. En la prensa escrita, Corripio y su familia cuentan con cuatro de los ocho diarios impresos de mayor influencia y con el 55.4% de la lectoría auditada por agencias extranjeras. El propio Pepín Corripio ha asegurado que el único de sus periódicos que le reporta beneficios monetarios es El Día.
Dentro de este esquema de concentración y baja rentabilidad de los medios informativos, los actores políticos con mayor capacidad de pagar publicidad o propaganda resultaron los más favorecidos en la cobertura de sus actividades.
Otro grupo mediático lo representan los empresarios Manuel Estrella y Félix García, dueños del diario El Caribe, el canal de televisión CDN 37, y dos emisoras de radio. En los últimos diez años Estrella ha sido uno de los principales contratistas del Gobierno para el área de la construcción de proyectos de infraestructura. Dentro de este esquema de concentración y baja rentabilidad de los medios informativos, los actores políticos con mayor capacidad de pagar publicidad o propaganda resultaron los más favorecidos en la cobertura de sus actividades. Así lo entienden el sociólogo Cándido Mercedes, y el periodista y catedrático de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) Adalberto Grullón, seguros de que en República Dominicana, en tiempos de contienda por el poder, las barreras entre propaganda y periodismo suelen derrumbarse. “Claro que influye la capacidad de colocar publicidad de los partidos en la cobertura informativa que reciben de los medios. Incluso, a partir de esa colocación existe lo que se denomina la autocensura. Imagínate un programa con los anuncios solo del Gobierno. Ese comunicador hará un esfuerzo, pero sus criticas serán veladas y solo muy fuerte, cuando es tan grande el error del Gobierno, que no podría quedarse callados, so pena de que a él mismo le dé vergüenza. Conocemos ejemplos, en un canal de televisión”, dice Mercedes, prefiriendo reservarse el nombre del referido canal y del comunicador.
Para confirmar estas posiciones basta con observar las portadas de la prensa diaria un lunes cualquiera del último mes de campaña. Danilo Medina y Luis Abinader se repartían la mayor parte de los espacios asignados a la realidad política, mientras los candidatos presidenciales de oposición apenas aparecen.
La ventaja del candidato a la reelección presidencial se incrementaba sobre su principal contrincante y el resto de los candidatos cuando su figura aparecía encabezando un evento importante del Gobierno o en una de las tantas inauguraciones oficiales dejadas para el tramo final de la campaña. Tal fue el caso del recorrido de prueba que Medina hizo por la segunda línea del metro de Santo Domingo, una de las obras más costosas y atractivas de los últimos doce años de gestión del PLD. En la cobertura del acto la figura del candidato se confundió con la de funcionario público y así mismo salió reflejada en las portadas del día 6 de mayo de los periódicos Listín Diario, El Caribe y Diario Libre. En la portada de estos y otros periódicos la foto del presidente apareció de imagen principal o secundaria, sin ningún tipo de observación editorial a una práctica de campaña tipificada como uso de los recursos del Estado para beneficio proselitista.
La ventaja de cobertura del proyecto de reelección se ampliaba en esas ediciones porque en la parte interna de los medios aparecían informaciones sobre él u otro dirigente importante de su partido, pero en actividades abiertamente proselitistas. Es decir, una doble cobertura cuando al mismo tiempo solo aparecían reportes (menos extensos) de dos o tres de los demás proyectos presidenciales. La práctica editorial se repitió a lo largo de la campaña.
Un elemento que se suma a la estructura económica, legal y política que genera los niveles de inequidad en el acceso de las candidaturas a los medios de comunicación es el de los periodistas o comunicadores dedicados principalmente a la promoción y defensa del oficialismo o del principal partido de oposición. Según Adalberto Grullón, el problema está relacionado a que República Dominicana tiene “cientos de periodistas y ejecutivos de medios que también son asalariados del Gobierno”.
Las redes sociales y los debates: una brecha
Ranking de influencia en redes sociales elaborado por el OPD.
Por su naturaleza, las redes sociales de internet se convirtieron en el único medio electrónico de comunicación donde el nivel de competitividad de los principales candidatos de oposición de las elecciones dominicanas se acercó al del oficialismo. Así lo revelan varios expertos dedicados al análisis de la dinámica de redes en República Dominicana. Por ejemplo, el estudio “Tecnopolítica electoral: Potencial de influencia para las candidaturas presidenciales de Elecciones de 2016” del Observatorio de Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) indica que “Danilo Medina, Luis Abinader, Minou Tavárez y Guillermo Moreno son las figuras que compiten por el primer puesto del gobierno con el record más alto de influencia en las redes sociales.
Abinader domina en Instagram y Guillermo Moreno duplica los seguidores de Abinader en Twitter. Sin embargo, Medina supera a todos los candidatos de la oposición –en influencia– en más de 50 %. Durante el primer trimestre de 2016 se posicionaron 311 tópicos de tendencia en Twitter sobre Danilo Medina, 44 sobre Luis Abinader y 25 sobre Guillermo Moreno”. La investigación publicada el 11 de abril señala que en el caso de Facebook (segunda plataforma digital más visitada desde la República Dominicana) Danilo Medina lidera con 512 mil seguidores, y le siguen Luis Abinader (167 mil) y Guillermo Moreno (56 mil). Aunque la diferencia es exponencial, estos y otros candidatos de oposición pudieron conseguir momentos de real competencia basado en publicidad de bajo costo o gracias a contenidos creativos capaces de hacerse virales. Tal es el caso del video “A los que me llamaron pa´ atrá´” de Guillermo Moreno, que consiguió solo en Facebook más de 195,274 reproducciones, tanto o más que cualquier material difundido por el candidato oficialista o Abinader.“Las características de la actual campaña en la esfera digital han mostrado un considerable avance respecto de las elecciones presidenciales de 2012. Los grupos y movimientos de apoyo que aparecían expresados en nuevos perfiles de Twitter y Facebook abultaron el ciberespacio hasta el punto de que cada partido o candidato contaba entre 80 y 120 grupos de apoyo”, concluye el estudio de FUNGLODE.
Aunque la diferencia es exponencial, estos y otros candidatos de oposición pudieron conseguir momentos de real competencia basado en publicidad de bajo costo o gracias a contenidos creativos capaces de hacerse virales.
Otra brecha que encontraron los candidatos de la oposición estuvo en el ciclo de debates que organizó la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), donde participaron los candidatos presidenciales, senatoriales y municipales (de las dos principales ciudades y provincias del país) de la oposición. A pesar de ser el primer debate presidencial de la historia política dominicana, el presidente Medina no aceptó la invitación, como tampoco lo hicieron los demás candidatos de su partido. Aunque no se publicaron análisis de audiencia de las jornadas, la opinión pública hizo eco del evento, de las propuestas de los candidatos y hasta de sus preferencias religiosas. Esta iniciativa de la ANJE reforzó el programa “Las propuestas de los candidatos: Voto 2016”, que desde hace 20 años realizan los periodistas del grupo de medios Corripio. Durante una hora, y en días distintos, un panel de veteranos comunicadores interrogó a cinco de los candidatos de oposición, cerrando con encuentros de dos horas junto a los aspirantes a la Presidencia mejor valorados en las encuestas: Guillermo Moreno y Luis Abinader. Estas conversaciones televisadas se reseñaron al día siguiente en los diarios Hoy, El Nacional y El Día. Sin lugar a dudas, una bocanada de aire fresco mediático para los opositores.
De vuelta al principio
Después de una campaña por el poder profundamente desigual, marcada por la denuncia permanente del uso de los recursos del Estado en favor de los candidatos y candidatas del oficialismo, y por una actitud pasiva del árbitro electoral frente a las inequidades del sistema que podían superarse aplicando la capacidad reguladora de la Junta Central Electoral, República Dominicana llegó al día de las elecciones, al 15 de mayo.
Participación Ciudadana, en su informe final de observación electoral, registra que ese día todos los proyectos políticos recibieron una correcta cobertura de sus propuestas y sus liderazgos. Así lo confirmaba un recorrido por los principales canales de televisión, donde se instalaron equipos humanos y técnicos para dar seguimiento a todos los partidos desde la primera hora del día hasta el cierre de la jornada de votación. Las declaraciones de los candidatos y los representantes de partido durante el transcurso del proceso pronosticaban normalidad y una “fiesta de la democracia”. Pero el balance va por ocho muertos a consecuencia de conflictos violentos en los alrededores de los centros de votación; cientos de impugnaciones de resultados al nivel congresual y municipal; militares desplegados en dos regiones; y un presidente reelecto con más del 60% de los votos válidos. Para remate, la mañana del 19 de mayo, en medio de un ambiente de tensión descrito en las redes sociales y los canales de televisión, cinco de los principales diarios del país obviaron en sus portadas las protestas generadas tras las votaciones, y prefirieron destacar declaraciones de personalidades o fotos de protestas, pero de… Venezuela.
Hasta el momento, ninguno de los candidatos presidenciales opositores ha reconocido como legítimo el triunfo del oficialismo, al que acusan, entre otras cosas, de utilizar los fondos públicos para hacer una campaña aplastante. Pelegrín Castillo (Fuerza Nacional Progresista), Minou Tavárez Mirabal (Alianza por la Democracia), Guillermo Moreno (Alianza País), y Luis Abinader (Partido Revolucionario Moderno) entienden que el desarrollo de las elecciones fue fraudulento, incluida la participación en los medios informativos.
En su informe final la misión de observadores de la OEA no llega a una afirmación tan severa, pero recomienda una reforma del sistema electoral dominicano y de la regulación del acceso de los diferentes proyectos y candidatos al financiamiento público y a los medios de comunicación. “La Misión considera necesario establecer un marco jurídico de regulación que establezca el acceso equitativo a los medios de comunicación públicos y privados, y que garantice el derecho a la información entendido tanto como el derecho de los partidos y candidatos a difundir sus propuestas y al derecho de la ciudadanía a estar bien informada”.
Esta recomendación del organismo internacional también está contenida en el informe de observación de las elecciones presidenciales del 2012. Y en los informes de otros observadores como Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia, y en editoriales de varios medios de prestigio. Pero al igual que ayer se necesita de una voluntad real de la clase política para aprobar, luego de un amplio consenso social, las reformas legales que garanticen una participación electoral en igualdad de condiciones en todos los escenarios de competencia, y especialmente en los medios de comunicación (públicos y privados), en la publicidad externa, y en las nuevas redes sociales. Porque de eso se trata la democracia, de una elección ciudadana de propuestas e ideas que circulen en libertad, sin los privilegios que pueda comprar el dinero o cooptar el poder.
Uruguay
Perú
De vuelta al principio
Después de una campaña por el poder profundamente desigual, marcada por la denuncia permanente del uso de los recursos del Estado en favor de los candidatos y candidatas del oficialismo, y por una actitud pasiva del árbitro electoral frente a las inequidades del sistema que podían superarse aplicando la capacidad reguladora de la Junta Central Electoral, República Dominicana llegó al día de las elecciones, al 15 de mayo.
Participación Ciudadana, en su informe final de observación electoral, registra que ese día todos los proyectos políticos recibieron una correcta cobertura de sus propuestas y sus liderazgos. Así lo confirmaba un recorrido por los principales canales de televisión, donde se instalaron equipos humanos y técnicos para dar seguimiento a todos los partidos desde la primera hora del día hasta el cierre de la jornada de votación. Las declaraciones de los candidatos y los representantes de partido durante el transcurso del proceso pronosticaban normalidad y una “fiesta de la democracia”. Pero el balance va por ocho muertos a consecuencia de conflictos violentos en los alrededores de los centros de votación; cientos de impugnaciones de resultados al nivel congresual y municipal; militares desplegados en dos regiones; y un presidente reelecto con más del 60% de los votos válidos. Para remate, la mañana del 19 de mayo, en medio de un ambiente de tensión descrito en las redes sociales y los canales de televisión, cinco de los principales diarios del país obviaron en sus portadas las protestas generadas tras las votaciones, y prefirieron destacar declaraciones de personalidades o fotos de protestas, pero de… Venezuela.
Hasta el momento, ninguno de los candidatos presidenciales opositores ha reconocido como legítimo el triunfo del oficialismo, al que acusan, entre otras cosas, de utilizar los fondos públicos para hacer una campaña aplastante. Pelegrín Castillo (Fuerza Nacional Progresista), Minou Tavárez Mirabal (Alianza por la Democracia), Guillermo Moreno (Alianza País), y Luis Abinader (Partido Revolucionario Moderno) entienden que el desarrollo de las elecciones fue fraudulento, incluida la participación en los medios informativos.
En su informe final la misión de observadores de la OEA no llega a una afirmación tan severa, pero recomienda una reforma del sistema electoral dominicano y de la regulación del acceso de los diferentes proyectos y candidatos al financiamiento público y a los medios de comunicación. “La Misión considera necesario establecer un marco jurídico de regulación que establezca el acceso equitativo a los medios de comunicación públicos y privados, y que garantice el derecho a la información entendido tanto como el derecho de los partidos y candidatos a difundir sus propuestas y al derecho de la ciudadanía a estar bien informada”.
Esta recomendación del organismo internacional también está contenida en el informe de observación de las elecciones presidenciales del 2012. Y en los informes de otros observadores como Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia, y en editoriales de varios medios de prestigio. Pero al igual que ayer se necesita de una voluntad real de la clase política para aprobar, luego de un amplio consenso social, las reformas legales que garanticen una participación electoral en igualdad de condiciones en todos los escenarios de competencia, y especialmente en los medios de comunicación (públicos y privados), en la publicidad externa, y en las nuevas redes sociales. Porque de eso se trata la democracia, de una elección ciudadana de propuestas e ideas que circulen en libertad, sin los privilegios que pueda comprar el dinero o cooptar el poder.