La memoria colectiva es una de las cosas más preciadas para la humanidad. La memoria colectiva informa nuestro entendimiento de la historia. Usamos la historia para informar nosotros a quienes somos. Definimos la memoria colectiva como las memorias compartidas de un grupo de personas que tienen una característica en común: puede ser un lugar de vivir, una raza o una religión. Esas memorias, a su vez, son transmitidas de generación en generación. El valor de la memoria colectiva está en su habilidad de contradecir o reemplazar la historia escrita, especialmente cuando atrocidades son comprometidas por los que registran la historia. En estos casos, la memoria colectiva se convierte en acto político de rebelión contra el gobierno, porque sugiere que exista una historia alternativa de lo que está aprobada por los que están en poder. Si entendemos la memoria colectiva como propiedad pública compartida, entendemos intentos por el gobierno de esconder, borrar o silenciar memorias desagradables de la psique del público como actos de violencia. 

México provee un ejemplo profundo de la militarización de la memoria por un gobierno. En México, más de 10.000 personas desaparecen cada año. Estas desapariciones casi nunca son investigadas por el gobierno. Muchas veces, las desapariciones son beneficiosas para el gobierno debido a su amistad con los carteles: la relación sigue siendo fuerte cuando los disidentes son callados. Cuando el gobierno autoriza el crimen cometido por los carteles, se defenderá a sí mismo en la memoria y en el registro de la historia. En 2014, 43 estudiantes desaparecieron de una escuela normalista en el pueblo rural de Ayotzinapa. La escuela se animaba a la disidencia política y sentimiento antigubernamental en sus estudiantes. Eso, según las personas de Ayotzinapa, era el motivo para el gobierno secuestrar y matar a sus propios ciudadanos. El gobierno, por otro lado, mantiene una historia al público que decía que los 43 estudiantes estaban detenidos bajo sospechas de crimen organizado y narcotráfico. La cita, “Vivos se los llevaron, vivos os queremos” está repetida por los que rechazan la historia del gobierno, quienes quieren preservar su memoria colectiva, y reescribir la historia estatal. A pesar de esta indignación pública, el gobierno rehúsa reconocer estas voces y niega su amplificación. En promulgar una historia diferente de la historia de la gente, el gobierno de México intenta preservar su imágen frente el mundo y para generaciones de Mexicanos en el futuro. 

En fallar apoyar a su gente, el gobierno falla en apoyar la memoria colectiva también. Se considera la Ciudad Juárez, México, como laboratorio del capitalismo futuro. Es decir, combina un abuso de derechos laborales y producción desenfrenada con falta de intervención del gobierno a beneficio de sus ciudadanos. De hecho, la mayoría de la participación gubernamental en Ciudad Juárez es para financiar a las empresas construir más fábricas. Tal escenario crea terreno fértil para cientos de femicidios cada año, que el gobierno no investiga. En este ambiente, el peso de preservar la memoria está llevado por sus ciudadanos, sus víctimas. Las madres llevan las imágenes de sus hijas muertas a través de las calles, y grupos comunitarios pegan imágenes de los desaparecidos sobre carteleras y espacios públicos.