Durante casi cuatro décadas, la especulación financiera, los acuerdos de libre comercio entrelazados con la desregulación sancionada por el estado, la promoción del consumo como motor económico nacional y el cambio simultáneo hacia la obsolescencia planificada como estrategia de producción, todo impulsado por la incesante sed de las corporaciones transnacionales por un nivel cada vez mayor de ganancias y la desinversión estatal general de sus responsabilidades sociales han exacerbado el alcance y la escala del extractivismo por todo el mundo.
Para complicar las cosas, las instituciones financieras mundiales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), comenzaron a abogar para que los "países en desarrollo" implementen políticas económicas nacionales basadas en un conjunto de principios denominados "el Consenso de Washington." Estos principios priorizaron la macroeconomía que aflojó las barreras al comercio internacional y redujo la cantidad de dinero que los estados gastan en servicios sociales. Los países considerados "en desarrollo" han debido implementar esta última iteración del capitalismo, el neoliberalismo, a través de estas políticas de préstamo. Sin la adopción de programas de ajuste estructural diseñados con ideales neoliberales en mente, los países no han podido obtener préstamos internacionales. La adopción del neoliberalismo abrió efectivamente las fronteras al extractivismo, como practica transnacional, ahora entendida como uno de los principales impulsores del desarrollo económico nacional.

No hay mejor país que personifique esta última versión del capitalismo que Canadá. Según el Gobierno de Canadá, más de la mitad de las empresas mineras del mundo tienen su sede en Canadá. Los estímulos fiscales y regulaciones federales hacen de Canadá una base atractiva para las corporaciones que buscan establecer operaciones mineras no solo a nivel nacional sino también internacional.

Desafortunadamente, el poder global de Canadá en el sector extractivo también está vinculado a las violaciones de los derechos humanos y ambientales y su impunidad, una realidad que se ve agravada por el hecho de que, a nivel mundial, los proyectos generalmente se encuentran en o cerca de las comunidades indígenas. Con demasiada frecuencia, los proyectos extractivos provocan derrames, contaminación de fuentes de agua fresca y destrucción de hábitats. Las comunidades indígenas que tienen derecho a participar en los espacios de toma de decisiones con respecto a los megaproyectos son criminalizadas, hostigadas o atacadas físicamente cuando exigen ser consultadas, rechazan un proyecto a través de procesos democráticos o llaman la atención sobre los impactos negativos del extractivismo. La policía local y el personal de seguridad privada vinculados al sector extractivo, ya sea una empresa patriz o sus subsidiarias, son contratados de manera rutinaria para difundir conflictos sobre el territorio.

Al mismo tiempo, a nivel mundial, ha habido un aumento alarmante en el número de defensorxs de los derechos humanos asesinadxs. Según Frontline Defenders, más de 300 defensorxs fueron asesinadxs en todo el mundo en 2018. Setenta y siete por ciento de los defensorxs asesinadxs fueron atacadxs por su trabajo protegiendo sus derechos colectivos y el medio ambiente, y Colombia, México y las Filipinas, donde KAIROS tiene alianzas con organizaciones de base, representan aproximadamente el 66% de los asesinatos denunciados.

Es imperativo que el Gobierno de Canadá trabaje activamente para establecer una legislación y regulación que responsabilice al sector privado canadiense cuando no cumpla con las leyes locales, nacionales e internacionales de derechos humanos y ambientales cuando opere en el extranjero, ya sea directamente o a través de subsidiarias. Para lograr esto, el Gobierno de Canadá debe:

• otorgar a una Defensoría independiente el poder de investigación completo,
• promulgar legislación que requiera que las agencias canadienses y las corporaciones de la corona emprendan la debida diligencia de manera transparente y que no oscurezca los resultados,
• y no financiar, asegurar o apoyar a las empresas que han sido encontradas de haber sido involucradas en abusos ambientales y de derechos humanos en sus operaciones comerciales.