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Mother Earth and Resource Extraction: Women Defending Land and Water

Mural: Water Contamination / Mural: Contaminación del agua

A detail of a mural that shows a woman holding her child's hand. She leads him to safety away from toxic dumping that is destroying their environment, including all the non-human life. / Detalle de un mural que muestra a una mujer sosteniendo la mano de su hijo. Ella lo lleva a un lugar seguro lejos de los vertidos tóxicos que están destruyendo su medio ambiente, incluyedo toda la vida no-humana.

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Corporate Accountability and Gender
Leer la versión en español de este contenido: Responsabilidad Corporativa y Género.

Corporate accountability is a gender justice issue.

Women land and water defenders are stigmatized for their work protecting the environment and collective rights and experience ostracization and multiple forms of violence, from their community, local governments, and actors linked to the extractive sector. They report how law enforcement and private security frequently work together, with the knowledge and sometimes even under the direction of governments and corporations, to harass women land and water protectors. These forces make women the targets of smear campaigns by questioning their morals and behavior, which affect women’s social status within their communities; other times, women are cast as being anti-development or deemed terrorists.

All the more appalling, private and state actors have been known to sexually violate, physically attack, and kill women land and water protectors with impunity. Berta Cáceres’ well known case is just one of countless examples of the dangers women face when protecting Mother Earth. A Lenca woman from Honduras, Berta mobilized her community in the protection of the Río Gualcarque, which was under threat from a major dam project. She won the 2015 Goldman Environmental Prize for her leadership and work; a year later, she was killed. The intellectual corporate actors behind her murder have yet to be brought to justice.

More recently, Francia Márquez, an Afro-Colombian woman and the 2018 Goldman Environmental Prize recipient, survived an armed attack; Francia was targeted for organizing women in a community facing large-scale gold extraction. Across the globe, there are many Francias and Bertas—Afro-descendant and Indigenous women safeguarding the environment and collective rights in the midst of extractive projects with targets on their backs for doing so.

There are also everyday women who endure the physical consequences of lax corporate and governmental regulations. “Reclaiming Power and Place: The Final Report of the National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls” outlines the various ways that extractive labor practices impact women. The use of work or man camps, where non-Indigenous men are brought in from outside communities for two-week periods, have dire consequences on Indigenous women working on or living near these camps. Socio-economic disparities between high-paid local, and specifically external, employees and local Indigenous women have been shown to have a range of gendered impacts—higher rates of domestic violence, sexual abuse, and other forms of violence linked to gray markets that accompany work camps.

“Reclaiming Power and Place” makes it clear that work camps’ fly-in, fly-out schedule “deters women from participating in these industries, since it is not compatible with raising a family and meaningful participation in family and community life.” When women are employed in the extractive sector, they are often hired for the lowest-paying jobs and workplace discrimination and harassment are rampant. Extractive companies seem to have little to no labor policies in effect to account for either the systemic reasons for gender disparities in the labor force or the social transformation wrought by the influx of mostly male employees in and around Indigenous communities. As “Reclaiming Power and Place” further discloses, “These camps are also often far from law enforcement, and therefore are largely unpoliced.” A climate of male dominance and lawlessness characterizes the extractive sector’s workplace culture.

Equal gender representation in the extractive labor force is important. However, as long as the basic tenets of corporate accountability are merely suggestions and the dynamics that support resource extraction simulate a patronizing understanding of the world, diversification accomplishes nothing.

Governments must require corporations to abide by local, national, and international laws and enforce the implementation of these legal frameworks. And if and when Indigenous women bring forth allegations and independent investigations reveal corporate misconduct, those affected by extractive projects must have access to courts of laws, and corporations and their subsidiaries must be held accountable to the fullest extent of the law.
Responsabilidad Corporativa y Género La responsabilidad corporativa es un tema de justicia de género.

Las mujeres defensoras del medio ambiente son estigmatizadas por su trabajo en protección de los derechos colectivos y ambientales y viven el ostracismo y múltiples formas de violencia, por parte de su comunidad, gobiernos locales y actores vinculados al sector extractivo. Informan cómo la policía y la seguridad privada con frecuencia trabajan juntas, con el conocimiento y, a veces, incluso bajo la dirección de gobiernos y corporaciones, para hostigar a las mujeres protectoras del medio ambiente. Estas fuerzas convierten a las mujeres en el blanco de campañas de desprestigio al cuestionar su moral y su comportamiento, que afectan el estado social de las mujeres dentro de sus comunidades. Otras veces, las mujeres son caracterizadas como anti-desarrollo o consideradas terroristas.

Aún más atroz, se sabe que los actores privados y estatales, violan sexualmente, atacan físicamente y matan a las mujeres protectoras del territorio con impunidad. El conocido caso de Berta Cáceres es solo uno de los innumerables ejemplos de los peligros que enfrentan las mujeres al proteger a la Madre Tierra. Berta, una mujer lenca de Honduras, movilizó a su comunidad para proteger el río Gualcarque, que estaba amenazado por un proyecto de represa. Ella ganó el Premio Ambiental Goldman 2015 por su liderazgo y trabajo. Un año después, fue asesinada. Los actores corporativos intelectuales detrás de su asesinato aún no han sido llevados ante la justicia.

Más recientemente, Francia Márquez, una mujer afrocolombiana y ganadora del Premio Ambiental Goldman 2018, sobrevivió un ataque armado. Francia fue agredida por haber organizado a las mujeres en una comunidad ante la extracción de oro a gran escala. En todo el mundo, hay muchas Francias y Bertas, mujeres afrodescendientes e indígenas, que protegen el medio ambiente y los derechos colectivos en medio de proyectos extractivos y por eso son el objectivo de ataques.

Además de defensoras del medio ambiente, mujeres que no se consideran defensoras sufren las consecuencias físicas de regulaciones permisivas al nivel corporativo y gubernamental. “Recuperando el poder y el lugar: El informe final de la investigación nacional sobre mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas” describe, en inglés, las diversas formas en que las prácticas laborales extractivas impactan a las mujeres. El uso de campos de trabajo, donde los hombres no indígenas son traídos de comunidades externas por períodos de dos semanas, tiene graves consecuencias para las mujeres indígenas que trabajan o viven cerca de estos campos. Se ha demostrado que las disparidades socioeconómicas entre los empleados locales altamente remunerados, y específicamente los empleados externos, y las mujeres indígenas locales tienen una variedad de impactos de género: tasas más altas de violencia doméstica, abuso sexual y otras formas de violencia vinculadas a los mercados grises que acompañan estos campos de trabajo.

"Recuperando el poder y el lugar" deja en claro que el horario de entrada y salida de los campos de trabajo "disuade a las mujeres de participar en estas industrias, ya que no es compatible con la crianza de una familia y una participación significativa en la vida familiar y comunitaria". Cuando las mujeres trabajan en el sector extractivo, a menudo ellas son contratadas para los trabajos con salarios más bajos y la discriminación y el acoso en el lugar de trabajo son rampantes. Las empresas extractivas parecen tener poca o ninguna política laboral para explicar las razones sistémicas por la cual existen disparidades de género en la fuerza laboral o la transformación social provocada por la afluencia de empleados en su mayoría hombres en las comunidades indígenas y sus alrededores. Tal como lo revela más adelante “Reclamando el poder y el lugar”: “Estos campamentos a menudo también están lejos de la aplicación de la ley y, por lo tanto, no están muy controlados.” Un clima de dominación masculina e ilegalidad caracteriza la cultura de trabajo del sector extractivo.

La representación equitativa de género en la fuerza laboral extractiva es importante. Sin embargo, siempre y cuando los principios básicos de la responsabilidad corporativa sean solo sugerencias y la dinámica que respalda la extracción de recursos simule una comprensión paternalista del mundo, la diversificación social no logrará nada.

Los gobiernos deben exigir a las corporaciones que cumplan con las leyes locales, nacionales e internacionales y hagan cumplir la implementación de estos marcos legales. Y siempre y cuando las mujeres indígenas presenten acusaciones o investigaciones independientes revelen la mala conducta de las empresas, lxs afectadxs por los proyectos extractivos deben tener acceso a los tribunales de justicia, y las corporaciones y sus subsidiarias deben ser consideradas responsables a la mayor medida de la ley.
Responsabilidade corporativa e gênero

A responsabilidade corporativa é uma questão de justiça de gênero.

As mulheres defensoras da terra e da água são estigmatizadas por seu trabalho protegendo o meio ambiente e os direitos coletivos, são excluídas e sofrem múltiplas formas de violência por parte de suas comunidades, governos locais e atores ligados ao setor extrativista. Elas relatam como a aplicação da lei e a segurança privada freqüentemente atuam em conjunto, com o conhecimento e às vezes até sob a direção de governos e corporações, para assediar as mulheres protetoras da terra e da água. Essas forças levam as mulheres a serem alvo de campanhas difamatórias que questionam sua moral e comportamento e afetam a condição social das mulheres dentro de suas comunidades. Em outras situações, as mulheres são acusadas de serem contrárias ao desenvolvimento ou terroristas.

É ainda mais chocante o fato de atores privados e estatais serem conhecidos por violar sexualmente, atacar fisicamente e matar impunemente mulheres protetoras da terra e da água. Um dos casos mais conhecidos é o de Berta Cáceres, de Honduras, mas além deste há incontáveis exemplos dos perigos que as mulheres enfrentam ao proteger a Mãe Terra. Mulher da etnia Lenca, Berta mobilizou sua comunidade para a proteção do Rio Gualcarque, que estava sob ameaça de um grande projeto de barragem. Um ano depois de ter ganhado o Prêmio Ambiental Goldman 2015 por sua liderança e trabalho, Berta foi morta. Os atores corporativos por trás de seu assassinato ainda não foram levados à justiça.

Mais recentemente, Francia Márquez, uma mulher afro-colombiana e ganhadora do Prêmio Ambiental Goldman de 2018, sobreviveu a um ataque armado. Francia foi atacada por organizar as mulheres em uma comunidade que enfrentava a extração de ouro em larga escala. Em todo o mundo, há muitas Francias e Bertas Afro-descendentes e mulheres indígenas que protegem o meio ambiente e os direitos coletivos face a projetos extrativistas e que se tornam alvos de ataques em função de sua atuação.

Há também mulheres comuns que suportam as conseqüências físicas das regulamentações permissivas a nível corporativo e governamental. “Reivindicando Poder e Lugar: Relatório Final do Inquérito Nacional sobre Mulheres e Meninas Indígenas Desaparecidas e Assassinadas” delineia as várias maneiras pelas quais o extrativismo praticado por grandes empresas impacta a vida das mulheres. O uso do trabalho de homens não indígenas provenientes de comunidades externas por períodos de duas semanas, gera graves conseqüências sobre as mulheres indígenas que trabalham ou vivem perto desses campos de extração de recursos. As disparidades sócio-econômicas entre empregados locais altamente remunerados (principalmente os que vêm de fora das comunidades) e as mulheres indígenas locais têm causado uma gama de impactos em termos de gênero: taxas mais elevadas de violência doméstica, abuso sexual e outras formas de violência ligadas aos mercados cinzentos que acompanham os campos de trabalho.

O referido relatório deixa claro que o horário de entrada e saída dos campos de trabalho “dissuade as mulheres de trabalhar nessas empresas, já que esse tipo de trabalho não é compatível com a necessidade de cuidar dos filhos e de participar da vida familiar e comunitária”. Quando as mulheres são empregadas no setor extrativo, muitas vezes são contratadas para os empregos de menor remuneração. A discriminação e o assédio que essas mulheres sofrem em seus locais de trabalho são desenfreados. As empresas extrativistas parecem ter pouca ou nenhuma política trabalhista em vigor seja para tratar das razões sistêmicas das disparidades de gênero na força de trabalho, seja para lidar com as consequências da presença de empregados vindos de fora das comunidades, em sua maioria homens. O relatório acrescenta: “Muitas vezes, esses campos de extração de recursos não aplicam a lei e, portanto, não são submetidos ao controle social”. Um clima de dominação masculina e sem lei caracteriza a cultura do setor extrativista nos locais de trabalho.
A igualdade de representação de gênero na força de trabalho extrativista é importante. Entretanto, enquanto os princípios básicos da responsabilidade corporativa forem meramente sugestões e a dinâmica que suporta a extração de recursos simular uma compreensão paternalista do mundo, a diversificação social não conseguirá nada.

Os governos devem exigir que as corporações obedeçam às leis locais, nacionais e internacionais e façam cumprir a implementação dessas estruturas legais. E se e quando as mulheres indígenas apresentarem alegações e investigações independentes revelarem má conduta corporativa, as pessoas afetadas por projetos extrativos devem ter acesso aos tribunais de justiça, e as corporações e suas subsidiárias devem ser responsabilizadas de acordo com a lei.