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• 1 media/IMG_6213.JPG media/MERE-Hub-Background-White-Logo.jpg media/IMG_6213.JPG 2019-09-16T11:56:47-07:00 Corporate Accountability and Gender 27 plain 2020-04-24T12:09:51-07:00

  Leer la versión en español de este contenido: Responsabilidad Corporativa y Género.
  
  Corporate accountability is a gender justice issue.
  
  Women land and water defenders are stigmatized for their work protecting the environment and collective rights and experience ostracization and multiple forms of violence, from their community, local governments, and actors linked to the extractive sector. They report how law enforcement and private security frequently work together, with the knowledge and sometimes even under the direction of governments and corporations, to harass women land and water protectors. These forces make women the targets of smear campaigns by questioning their morals and behavior, which affect women’s social status within their communities; other times, women are cast as being anti-development or deemed terrorists.
  
  All the more appalling, private and state actors have been known to sexually violate, physically attack, and kill women land and water protectors with impunity. Berta Cáceres’ well known case is just one of countless examples of the dangers women face when protecting Mother Earth. A Lenca woman from Honduras, Berta mobilized her community in the protection of the Río Gualcarque, which was under threat from a major dam project. She won the 2015 Goldman Environmental Prize for her leadership and work; a year later, she was killed. The intellectual corporate actors behind her murder have yet to be brought to justice.
  
  More recently, Francia Márquez, an Afro-Colombian woman and the 2018 Goldman Environmental Prize recipient, survived an armed attack; Francia was targeted for organizing women in a community facing large-scale gold extraction. Across the globe, there are many Francias and Bertas—Afro-descendant and Indigenous women safeguarding the environment and collective rights in the midst of extractive projects with targets on their backs for doing so.
  
  There are also everyday women who endure the physical consequences of lax corporate and governmental regulations. “Reclaiming Power and Place: The Final Report of the National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls” outlines the various ways that extractive labor practices impact women. The use of work or man camps, where non-Indigenous men are brought in from outside communities for two-week periods, have dire consequences on Indigenous women working on or living near these camps. Socio-economic disparities between high-paid local, and specifically external, employees and local Indigenous women have been shown to have a range of gendered impacts—higher rates of domestic violence, sexual abuse, and other forms of violence linked to gray markets that accompany work camps.
  
  “Reclaiming Power and Place” makes it clear that work camps’ fly-in, fly-out schedule “deters women from participating in these industries, since it is not compatible with raising a family and meaningful participation in family and community life.” When women are employed in the extractive sector, they are often hired for the lowest-paying jobs and workplace discrimination and harassment are rampant. Extractive companies seem to have little to no labor policies in effect to account for either the systemic reasons for gender disparities in the labor force or the social transformation wrought by the influx of mostly male employees in and around Indigenous communities.  As “Reclaiming Power and Place” further discloses, “These camps are also often far from law enforcement, and therefore are largely unpoliced.” A climate of male dominance and lawlessness characterizes the extractive sector’s workplace culture.
  
  Equal gender representation in the extractive labor force is important. However, as long as the basic tenets of corporate accountability are merely suggestions and the dynamics that support resource extraction simulate a patronizing understanding of the world, diversification accomplishes nothing.
  
  Governments must require corporations to abide by local, national, and international laws and enforce the implementation of these legal frameworks. And if and when Indigenous women bring forth allegations and independent investigations reveal corporate misconduct, those affected by extractive projects must have access to courts of laws, and corporations and their subsidiaries must be held accountable to the fullest extent of the law.

• 1 media/IMG_6213.JPG 2019-10-22T16:11:25-07:00 Responsabilidad Corporativa y Género 7 plain 2020-06-20T10:45:53-07:00 La responsabilidad corporativa es un tema de justicia de género.
  
  Las mujeres defensoras del medio ambiente son estigmatizadas por su trabajo en protección de los derechos colectivos y ambientales y viven el ostracismo y múltiples formas de violencia, por parte de su comunidad, gobiernos locales y actores vinculados al sector extractivo. Informan cómo la policía y la seguridad privada con frecuencia trabajan juntas, con el conocimiento y, a veces, incluso bajo la dirección de gobiernos y corporaciones, para hostigar a las mujeres protectoras del medio ambiente. Estas fuerzas convierten a las mujeres en el blanco de campañas de desprestigio al cuestionar su moral y su comportamiento, que afectan el estado social de las mujeres dentro de sus comunidades. Otras veces, las mujeres son caracterizadas como anti-desarrollo o consideradas terroristas.
  
  Aún más atroz, se sabe que los actores privados y estatales, violan sexualmente, atacan físicamente y matan a las mujeres protectoras del territorio con impunidad. El conocido caso de Berta Cáceres es solo uno de los innumerables ejemplos de los peligros que enfrentan las mujeres al proteger a la Madre Tierra. Berta, una mujer lenca de Honduras, movilizó a su comunidad para proteger el río Gualcarque, que estaba amenazado por un proyecto de represa. Ella ganó el Premio Ambiental Goldman 2015 por su liderazgo y trabajo. Un año después, fue asesinada. Los actores corporativos intelectuales detrás de su asesinato aún no han sido llevados ante la justicia.
  
  Más recientemente, Francia Márquez, una mujer afrocolombiana y ganadora del Premio Ambiental Goldman 2018, sobrevivió un ataque armado. Francia fue agredida por haber organizado a las mujeres en una comunidad ante la extracción de oro a gran escala. En todo el mundo, hay muchas Francias y Bertas, mujeres afrodescendientes e indígenas, que protegen el medio ambiente y los derechos colectivos en medio de proyectos extractivos y por eso son el objectivo de ataques.
  
  Además de defensoras del medio ambiente, mujeres que no se consideran defensoras sufren las consecuencias físicas de regulaciones permisivas al nivel corporativo y gubernamental. “Recuperando el poder y el lugar: El informe final de la investigación nacional sobre mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas” describe las diversas formas en que las prácticas laborales extractivas impactan a las mujeres. El uso de campos de trabajo, donde los hombres no indígenas son traídos de comunidades externas por períodos de dos semanas, tiene graves consecuencias para las mujeres indígenas que trabajan o viven cerca de estos campos. Se ha demostrado que las disparidades socioeconómicas entre los empleados locales altamente remunerados, y específicamente los empleados externos, y las mujeres indígenas locales tienen una variedad de impactos de género: tasas más altas de violencia doméstica, abuso sexual y otras formas de violencia vinculadas a los mercados grises que acompañan estos campos de trabajo.
  
  "Recuperando el poder y el lugar" deja en claro que el horario de entrada y salida de los campos de trabajo "disuade a las mujeres de participar en estas industrias, ya que no es compatible con la crianza de una familia y una participación significativa en la vida familiar y comunitaria". Cuando las mujeres trabajan en el sector extractivo, a menudo ellas son contratadas para los trabajos con salarios más bajos y la discriminación y el acoso en el lugar de trabajo son rampantes. Las empresas extractivas parecen tener poca o ninguna política laboral para explicar las razones sistémicas por la cual existen disparidades de género en la fuerza laboral o la transformación social provocada por la afluencia de empleados en su mayoría hombres en las comunidades indígenas y sus alrededores. Tal como lo revela más adelante “Reclamando el poder y el lugar”: “Estos campamentos a menudo también están lejos de la aplicación de la ley y, por lo tanto, no están muy controlados.” Un clima de dominación masculina e ilegalidad caracteriza la cultura de trabajo del sector extractivo.
  
  La representación equitativa de género en la fuerza laboral extractiva es importante. Sin embargo, siempre y cuando los principios básicos de la responsabilidad corporativa sean solo sugerencias y la dinámica que respalda la extracción de recursos simule una comprensión paternalista del mundo, la diversificación social no logrará nada.
  
  Los gobiernos deben exigir a las corporaciones que cumplan con las leyes locales, nacionales e internacionales y hagan cumplir la implementación de estos marcos legales. Y siempre y cuando las mujeres indígenas presenten acusaciones o investigaciones independientes revelen la mala conducta de las empresas, lxs afectadxs por los proyectos extractivos deben tener acceso a los tribunales de justicia, y las corporaciones y sus subsidiarias deben ser consideradas responsables a la mayor medida de la ley.